DESPRÉS DE LA DURA SENTÈNCIA ARRIBARÀ UNA ALTRA EUROORDRE CONTRA PUIGDEMONT

( LOLA GARCÍA )
El otoño caliente que se anunciaba el año pasado en Catalunya resultó al final más bien templado. Se produjeron algunos incidentes el 1 de octubre, como el intento de asalto al Parlament sofocado por los Mossos, pero ni mucho menos se alcanzaron los niveles de tensión política y movilización social de otoño del 2017. Este nuevo curso comienza en Catalunya marcado por la discusión en el seno del independentismo sobre si recuperar el camino del enfrentamiento con el Estado español o bien poner el freno, tantear el diálogo y aspirar a un mayor apoyo social antes de plantearse la vía unilateral. Un debate que se verá sacudido por la sentencia a los líderes del procés, que los jueces esperan tener lista para mediados de octubre. Y todo ello con el riesgo de repetición de las elecciones generales y con la cuenta atrás en marcha de las catalanas.

Catalunya afronta el desenlace de los sucesos de septiembre y octubre de 2017 con la sentencia del Tribunal Supremo. La gestión del fallo judicial será el principal reto de la política para los próximos tiempos. El juez Manuel Marchena está redactando la sentencia a partir de las deliberaciones mantenidas con el resto de los magistrados de la sala, pero éstos harán también sus aportaciones sobre el texto. Calculan que finalizarán su tarea antes del 16 de octubre, fecha en que habría que prorrogar la prisión preventiva. Los jueces son conscientes de que deben buscar un día que carezca de significación política para hacerla pública, por lo que quedan descartados, por ejemplo, el 1 y el 12 de octubre. Además de la repercusión para el futuro de los encarcelados, la sentencia dictará doctrina sobre derechos fundamentales (incluido el de referéndum, manifestación o expresión), la desobediencia civil y otros aspectos abordados durante el juicio.

La discusión entre los magistrados sigue oscilando entre la sedición y la conspiración para la rebelión. Consideran que existió violencia, pero la cuestión es si esa violencia fue instrumental para el objetivo de la rebelión, que es el delito del que acusa la Fiscalía, que pide hasta 25 años de cárcel. La sedición, en su grado máximo, para los que sean considerados principales autores, comportaría entre 8 y 10 años de prisión, hasta 15 si se trata de autoridades. La conspiración para la rebelión, también en el supuesto más grave, oscilaría entre los 12,5 y los 15 años. En función de la responsabilidad de cada acusado podrían ir bajando las penas. Para los jueces, la distinción entraña una especial relevancia, puesto que la sedición se engloba en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, mientras que la rebelión figura bajo los delitos contra la Constitución. Es significativo de cara a eventuales intentos unilaterales en un futuro. Y se trata de una sentencia del Supremo que sentará jurisprudencia y que será unánime, aunque algunos magistrados redacten matices argumentales.

El futur de Puigdemont

Una vez se dicte el fallo, se reactivará la euroorden contra Carles Puigdemont y es una incógnita qué decisión tomará el expresident. Por ejemplo, si decide abandonar Bélgica. Su situación aún complicará más la gestión política de la sentencia. Los partidos y entidades independentistas no han decidido qué reacción adoptarán ante una condena. Se dan por descontadas manifestaciones multitudinarias de protesta. A partir de ahí, todo está abierto. Para Puigdemont y sus acólitos, la sentencia debería ser el primer hito de una serie de acciones de desobediencia civil. Lo que el president Quim Torra ha llamado “confrontación democrática”. Un concepto aún sin concreción. En otras ocasiones se han puesto sobre la mesa boicots ciudadanos que puedan provocar el colapso en el funcionamiento de la administración del Estado, por ejemplo.

En una parte del independentismo se recuerda que la desobediencia debería ser también institucional, pero habrá que ver si el Govern se adentra en ese terreno. De hecho, Torra puede ser inhabilitado unos meses por el único gesto de desobediencia que ha cometido, el de resistirse a retirar un lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat. En cualquier caso, Oriol Junqueras no comparte las tesis que Puigdemont expone en su reciente libro “ Reunim-nos”, un opúsculo en el que aboga por mantener el enfrentamiento con el Estado habida cuenta de que tampoco Pedro Sánchez va a permitir un referéndum de autodeterminación.

También se avecina el desenlace de la experiencia de unidad política por parte del independentismo que llevó por primera vez a compartir lista electoral por parte de la antigua Convergència y ERC. El ensayo unitario toca a su fin. Las diferencias entre los dos socios del Govern son cada vez más visibles. Ni a Torra ni a Puigdemont les conviene una convocatoria de elecciones que puede ser letal para el espacio de Junts per Catalunya, dividido y sin un liderazgo efectivo claro, aunque pudiera ser que Puigdemont volviera a ser el candidato con una orden europea de detención como principal baza electoral. En cambio, ERC viene preparándose para el asalto a la Generalitat desde el mismo día en que Junqueras ingresó en prisión. Su apuesta para sucederle como candidato, si las bases así lo corroboran, es Pere Aragonés, actual vicepresidente del Govern. Esquerra prefiere elecciones como respuesta a la sentencia, pero no forzará una ruptura del Ejecutivo, aunque desde la vuelta de vacaciones ya ha ido dando muestras de distanciamiento respecto de Torra.

Las posibilidades de aprobar los presupuestos son escasas y ése es un argumento de peso para adelantar elecciones después de dos prórrogas. En cualquier caso, quien tiene la potestad para convocarlas es Torra y, por otra parte, quedarían para el 2020 si finalmente se repiten las elecciones generales el 10 de noviembre, cuyo resultado puede trastocarlo todo. Si no caliente, el otoño se presenta intenso.
Informa:LAVANGUARDIA.COM (1-9-2019)

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