EL CONGRÉS, RETICENT AMB LA DECISIÓ DEL TS DE NO SUSPENDRE ELS PRESOS ELECTES

El Congreso ha acogido con gran reticencia la remisión que el Supremo le ha hecho del problema de la suspensión o no de los presos electos, que hoy han tramitado su acreditación como parlamentarios. Junqueras, Turull, Rull y Sànchez acudirán mañana por segunda vez a la Cámara, para asistir a su sesión constitutiva. La patata caliente sobre su suspensión ha llegado al Congreso en pleno proceso de transición entre una legislatura terminada y la que comienza mañana con la constitución de las Cortes.

Este lunes se ha reunido la Diputación Permanente –que gobierna la Cámara en estos períodos de interregno- y en los contactos entre los grupos quedó claro el malestar por la decisión del Supremo. El PSOE, a su vez, ha hecho saber a ERC que la suspensión de los presos electos se llevará a cabo, de un modo u otro.

En paralelo, el Supremo habría enviado ya a las Cortes un oficio de la Sala Penal con el que se acompaña el auto dictado por los magistrados del caso 1-O en el que denegaban la libertad provisional de dichos presos electos. En la resolución se acordaba no solicitar el suplicatorio, considerando que no procede en esta fase ya avanzada del juicio oral.

El oficio tiene que remitirse por conducto del presidente del Supremo a la presidencia del Congreso, que mañana asumirá Meritxell Batet. En cuanto se reciba, se da por seguro que la Mesa solicitará un informe a los servicios jurídicos, para que en un período aproximado de una semana pueda tomarse una decisión.

La tesis de la Sala Penal es que no le corresponde decidir sobre la suspensión, porque debe ser la Mesa la que aplique, en su caso, el artículo 21.2 del reglamento de la Cámara, en el que se prevé que un diputado quedará suspendido cuando se haya concedido el suplicatorio, haya sido procesado y se haya decretado su prisión provisional. De estas tres premisas, se cumplen la segunda y la tercera.

La primera no se da, porque el Supremo estima que no debe pedir el suplicatorio. Y de ahí que deje el asunto en manos del Congreso, aunque al aludir al artículo 21.2 del reglamento le está indicando de hecho el camino para suspender a dichos diputados. Es obvio, en definitiva, que el Supremo estima que los parlamentarios deben ser suspendidos, pero considera que no tiene atribuciones para hacerlo directamente. Esta posición es la que encuentra resistencias en el Congreso, donde el criterio mayoritario es que la Sala Penal debería actuar por su cuenta en un asunto de naturaleza jurisdiccional, sin descargarla en los hombros del poder legislativo.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (20-5-2019)

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