EL GOBIERNO I ERC ENLLESTEIXEN UN ACORD PER BLINDAR EL CATALÀ

“El Gobierno y ERC ultiman un acuerdo para blindar el catalán”

( IÑAKI ELLAKURÍA )

Ante la dificultad de encontrar nuevas cesiones de competencias del Estado que doten de contenido a la mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, socialistas y republicanos centran sus esfuerzos en cerrar antes de verano un acuerdo que blinde institucionalmente el catalán y que permita, tanto a Pedro Sánchez como a Pere Aragonès, ofrecer a sus respectivas parroquias esta medida como la constatación de que «el diálogo» obtiene resultados notables.

En su intento de mantener el apoyo de ERC en el Congreso lo que resta de legislatura, el Gobierno está dispuesto a suscribir un blindaje del modelo de la inmersión lingüística en Cataluña, en plena polémica por el rechazo de la Generalitat a cumplir la sentencia del TSJC que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. Asimismo, el Ejecutivo de coalición está estudiando, según las diferentes fuentes consultadas por EL MUNDO, la manera de impulsar institucionalmente el uso y la promoción del catalán. Aunque falta por concretar, y ese es uno de los puntos que separan al PSOE de ERC para poder presentar públicamente el pacto, si esta medida acabará implicando, por ejemplo, abrirse a la utilización de las lenguas autonómicas en el Congreso y el Senado, vieja reclamación de los partidos nacionalistas.

Por el momento, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que afirma que los nuevos acuerdos entre los dos Ejecutivos están en «proceso de maduración», ha ido incrementando la contundencia de sus declaraciones en defensa de una educación monolingüe y que quede al margen del ordenamiento constitucional español. «Vamos a defender el catalán con toda nuestra fuerza y haremos frente a una sentencia injusta que rompe los grandes consensos lingüísticos de nuestro país. Está en juego la idea de Cataluña como nación», ha afirmado.
Nueva cruzada nacionalista

Palabras y también hechos en esta nueva cruzada nacionalista: la Generalitat se está resistiendo a aplicar la sentencia del TSJC y por primera vez se ha negado por escrito a que un niño de una escuela de Barcelona reciba el 25% de sus clases en castellano, tal como sus padres reclamaron ante la justicia. El argumento ofrecido por el departamento de Educación que dirige Josep Gonzàlez-Cambray -que lleva a sus hijos a una escuela concertada en la que se imparten más horas de español- es que la familia afectada «no tiene ningún derecho a determinar un porcentaje de uso de la lengua castellana como vehicular ni ningún otro poder público podría hacerlo que no fuera la Administración educativa competente, que en Cataluña es la Generalitat».

La indisimulada desobediencia de la Generalitat se produce un momento en el que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, pilotan la negociación entre los dos ejecutivos.

Pese a esta voluntad mutua de llegar a un acuerdo con el catalán, las posiciones todavía son distantes, hecho que está bloqueando la convocatoria de la mesa de negociación bilateral -la última reunión se celebró hace siete meses-, parálisis que agita las críticas de JxCat y la CUP a la estrategia «dialogante» de ERC. El bloqueo de la mesa de negociación no impide que tengan ya definido el marco para el futuro acuerdo: el pacto que los republicanos y socialistas cerraron en el Parlament, con el apoyo de los Comunes/Podemos de Ada Colau, hace unas semanas para modificar la Ley de Política Lingüística Catalana de 1998.

Un acuerdo que, en la práctica, supone la formación de un tripartito lingüístico que permite a ERC presentar ante el independentismo social el documento firmado por las tres formaciones -JxCat lo apoyó inicialmente y luego se descolgó del pacto por tibio- como la fórmula política e institucional para blindar durante las próximas décadas la inmersión frente a la justicia, al evitar fijar en la ley un porcentaje mínimo del 25% de uso del castellano. Así, el documento aprobado por ERC, PSC y los Comunes/Podemos consagra al catalán como «la lengua normalmente empleada como vehicular», y limita el posible uso del castellano a entornos sociolingüísticos que así lo requieran. Es decir, deja en manos de los directores de los centros educativos catalanes, muchos de ellos declarados independentistas, su aplicación.

En un nuevo viraje del PSC en esta materia, al volver a defender la inmersión después de varios años despreciando este modelo por obsoleto e ineficaz, el ministro de Cultura y dirigente de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, defendió recientemente en TV3 poner en manos de los profesores la decisión de las lenguas que se usen en cada centro educativo: «Hemos de decir a los maestros que el catalán es lengua vehicular y el castellano también es lengua de aprendizaje, y que ellos decidan qué se debe hacer para que se dominen las dos lenguas. ¿O lo debe decidir alguien en un despacho?».

El Gobierno de Pedro Sánchez, que no pidió la ejecución de la sentencia del TSJC sobre el 25% para no molestar a ERC, finalmente parece haber asumido como propio el discurso nacionalista que presenta el bilingüismo como una amenaza para la supervivencia del catalán. Olvidando que de consumarse este acuerdo de «protección del catalán», las 1.500 familias que han reclamado judicialmente una educación más bilingüe para sus hijos quedarán en un total desamparo y la llamada escuela catalana reforzará su blindaje como chiringuito ideológico nacionalista.

Consciente de esta oportunidad que le ofrece Sánchez para garantizarse seguir controlando políticamente las escuelas, Aragonès ha hecho un llamamiento a JxCat y la CUP, que se han descolgado del acuerdo entre ERC, PSC y los Comunes, al considerarlo blando e insuficiente, para que acaben sumándose. «Hay que evitar que la orden de un tribunal fije cómo aprenden catalán nuestros hijos», ha afirmado el líder republicano, quien tiene muy claro que «lo que regulemos nosotros no lo regularán los tribunales».
Informa:ELMUNDO.ES (11-4-2022)

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