EL PP PROPOSA UNA INSPECCIÓ QUE VIGILI L’ÚS DEL CASTELLÀ EN L’ENSENYAMENT A CATALUNYA

“El PP plantea una Inspección que vigile el uso del castellano en la enseñanza en Cataluña”.
( OLGA SANMARTÍN )

El PP tiene una fórmula para forzar a la Generalitat catalana a poner un 25% de clases en castellano en todas sus aulas, como ha decretado la Justicia. Propone la creación de un cuerpo de inspectores de prestigio dependientes del Estado que puedan entrar en los colegios, revisar los currículos y libros de texto y velar por que todos los alumnos reciban enseñanza en español. Tendrían la misión de denunciar las infracciones y proponer medidas de sanción al Gobierno. Si, pese a la supervisión de estos funcionarios, la Generalitat persistiera en sus incumplimientos, los populares plantean en último extremo que el Ministerio de Educación deniegue la expedición de títulos académicos en esta comunidad autónoma.

Son medidas que aparecen recogidas en la nueva Ley de Alta Inspección Educativa, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. El principal partido de la oposición nunca había llegado tan lejos, ni siquiera con José Ignacio Wert, como para lanzar un órdago como el de los títulos, pero fuentes populares señalan que, «cuando se dan situaciones donde se arrincona el derecho a la educación de los alumnos, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley dentro del marco constitucional».

Las mismas fuentes invocan la Constitución en sus artículos 27 y 149.1.1, que «atribuyen al Estado las competencias para el mantenimiento de un sistema educativo vertebrado y cohesionado y la igualdad efectiva de los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes», así como en el 149.1.30, que da «competencia exclusiva» al Ministerio de Educación en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

El proyecto de ley, que se ha registrado en el Congreso, establece un procedimiento por el cual los altos inspectores envían un informe de la infracción y una propuesta de actuaciones al ministro de Educación y al delegado del Gobierno, que notifican los hechos a las autoridades educativas autonómicas. Si persiste la infracción, el Ministerio presenta un requerimiento para que subsane las deficiencias o denuncia los hechos en el juzgado por lo contencioso-administrativo. Si hay delito, también se comunica a la Fiscalía.

«Si las medidas adoptadas por el órgano competente de la comunidad autónoma resultasen insuficientes y persistiera la infracción, el Ministerio de Educación podrá, por sí mismo, poner en ejecución lo prevenido en la legislación estatal, llegando, en su caso, a privar de efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de las titulaciones correspondientes», indica el proyecto de ley. Éstas son otras novedades:

CARRERA PROFESIONAL. La actual Alta Inspección tiene un margen de actuación muy limitado y muy pocos recursos, con apenas un par de altos inspectores en cada autonomía (en Cataluña son cuatro). La nueva ley crea un nuevo cuerpo de funcionarios, dependientes del Ministerio de Educación, que deben cumplir los principios de «unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad, imparcialidad, mérito y capacidad». Como autoridad pública, pueden recabar la colaboración del Estado y de las CCAA, sobre todo de las inspecciones autonómicas. Actúan de oficio o por denuncia de particulares. Y acceden por un concurso-oposición en el que serán evaluados por «tribunales independientes», acreditando al menos 10 años de experiencia. «Están en la punta de la pirámide de la carrera profesional y, por tanto, tienen más reconocimiento profesional y económico», explican fuentes del PP, que muestran esta ley como «el primer paso» para «prestigiar» la función docente y establecer una carrera profesional escalonada, una reforma legislativa en la que actualmente trabaja el Gobierno.
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VELAR POR LA LENGUA. Una de las misiones de los inspectores sería «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen los derechos lingüísticos de todos los españoles y, en particular, el de recibir enseñanzas en la lengua oficial del Estado», algo que, según el PP, no cumplen Cataluña o Baleares.

«LUGARES SIN ADOCTRINAMIENTO». También se encargarían de «garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes» para «presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento». Para ello podrían «visitar en cualquier momento los centros y establecimientos educativos», algo que en la actualidad no se permite.
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«COMPROBAR LOS CURRÍCULOS». Los inspectores podrían «comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico, se adecuan a las enseñanzas comunes», que son las que fija el Estado y se imparten en todas las CCAA. Las fuentes del PP aclaran que «no se trata de recuperar la censura previa, sino de establecer un sistema de control a posteriori». Esto ahora no se hace de forma sistemática, y prueba de ello es que Cataluña lleva años impartiendo un currículo que no se adapta a la legislación estatal. Sólo se conoce el informe que en 2017 elaboró la Alta Inspección sobre adoctrinamiento en los libros de texto, que tanto el ministro Íñigo Méndez de Vigo (PP) como su sucesora Isabel Celaá (PSOE) guardaron en un cajón. La nueva ley obliga a «comprobar que las enseñanzas comunes se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal» y a tomar medidas en caso de que no sea así.
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RENDIR CUENTAS. Ahora nadie conoce a qué se dedican los altos inspectores, pues su trabajo no se hace público. La idea es introducir transparencia en este cuerpo y aprovechar su experiencia para dotarle de más funciones. Además de las denuncias, podrían recabar información para elaborar estadísticas educativas con fines estatales, asesorar al Ministerio de Educación en diversos asuntos y redactar una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas comunidades autónomas que tendrían que presentar en las Cortes. El PP también quiere que el jefe de la Alta Inspección, nombrado por un plazo de cinco años, comparezca en el Parlamento, al igual que los jefes de la Alta Inspección en cada comunidad autónoma rendirían cuentas en las asambleas regionales.
Informa:ELMUNDO.ES (3-1-2022)

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