L’ABOGACIA DE L’ESTAT, A FAVOR QUE JUNQUERAS RECULLI L’ACTA D’EURODIPUTAT

( CARLOTA GUINDAL, MADRID )

La Abogacía del Estado mantendrá la misma tesis que en junio cuando informó a favor de que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras acudiera ante la junta Electoral Central para el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Esta postura será, según fuentes gubernamentales, “coherente”, con sus decisiones anteriores.

Ahora bien, lo que la Abogacía está estudiando es si Junqueras debería tener permiso para acudir ante el Parlamento Europeo. Este punto es más controvertido porque los servicios jurídicos del Estado ya advirtieron que tras el juramento, la Junta debe realizar una formulación por escrito de una declaración de no estar incursos en ninguna incompatibilidad para el ejercicio del cargo ante el Parlamento Europeo.

“El acuerdo de la Junta Electoral Central en el que se recoja la relación de las credenciales y los resultados oficialmente proclamados en España, así como, en su caso, las controversias que se susciten. Y, por último, por el Parlamento Europeo en que se realizará la comprobación de las credenciales, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 11 y 12 del Acta Electoral Europea y 3 del Reglamento interno del Parlamento Europeo”, recogía entonces la Abogacía del Estado en un escrito presentado el 10 de junio, dos días antes de que acabara el juicio en el Tribunal Supremo por el procés en el que Junqueras era el principal acusado, postura que fue rechazada por la Sala.

Posibles incompatibilidades

A la hora de que el Parlamento Europeo valorara si existía alguna incompatibilidad para ejercer el cargo, la Abogacía reclamaba que se enviara a la JEC una serie de resoluciones, como el auto de conclusión del sumario o la comunicación de la presidenta del Congreso de los Diputados de 24 de mayo efectuada al Tribunal Supremo en la que se declaraba a Junqueras automáticamente suspendido en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la cámara.

Por tanto, no es descartable que en esta nueva situación, también se solicitara remitir a la Junta la sentencia por la que el líder de ERC ha sido condenado a una pena de 13 años de cárcel por un delito de sedición y a una condena por los mismos años de inhabilitación para ejercer cargo público.

¿Traslado al Parlamento?

Esto significaría, según fuentes jurídicas, que la Abogacía aceptaría la recogía de acta, a través de un permiso penitenciario y escoltado por Policía, pero no el traslado al Parlamento Europeo porque existiría contra él una clara incompatibilidad.

En junio lo justificaba bajo el argumento de “no menoscabar la titularidad del derecho de participación política del solicitante y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo”.

Cambio de escenario

No obstante, estaría seria la postura si mantuviera el mismo criterio que en junio. El escenario ahora es distinto porque ERC ha presionado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para que informe a favor de su puesta en libertad a cambio de abstenerse en su investidura

Con el escrito de junio en la mano, la Abogacía ya advertía que sobre Junqueras pesaba una limitación en sus privilegios e inmunidad, delimitados por el propio Tribunal Supremo cuando ya se le suspendió cautelarmente de sus actividades al estar procesado por un delito de rebelión.

Asimismo, explicaba entones que en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo “carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado miembro”.
Informa:LAVANGUARDIA.COM (23-12-2019)

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