6/11/2019 14:00
El camino que ha tomado en los últimos días la campaña electoral no facilitará que la justicia española consiga la entrega del expresident Puigdemont y los exconsellers reclamados por la vía de las euroórdenes. El deseo de saber cómo van a ser los futuros pactos postelectorales ha acabado derivando hacia una nueva polémica sobre el funcionamiento de la Fiscalía y su supuesto grado de vinculación con el Gobierno. En especial, después de que el presidente Pedro Sánchez haya afirmado que la Fiscalía depende del Gobierno. No es la primera vez, ni será la última, en que se plantee una controversia al respecto. Pero éste es un caso muy especial, porque implica a terceros países y porque estalla en plena campaña.

En sentido estricto, la Fiscalía no depende del Gobierno. Pero es igualmente cierto que al fiscal general lo nombra el Ejecutivo. En los primeros años de democracia, la relación entre ambas instancias fue muy directa. Y ello propició grandes polémicas. Por ejemplo, cuando la Fiscalía se querelló contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana. Para cambiar esa situación se introdujeron modificaciones de calado en el estatuto del Ministerio Fiscal. Ahora, un fiscal general no puede ser cesado salvo por razones objetivas muy graves, aunque su mandato concluye cuando termina el de cada Gobierno.

El Ejecutivo, en suma, no puede dar órdenes a la Fiscalía. Lo que puede es instar actuaciones, pero no para casos concretos, sino con carácter más o menos general, en materia de política criminal. La Fiscalía, obviamente, puede recibir mensajes, pero no tiene por qué asumirlos. De hecho, en relación con el caso 1-O, el Ejecutivo pretendió determinadas decisiones que no consiguió. Y en parte porque la Fiscalía hizo notar muy claramente que no las asumía. Un ejemplo, la negativa a rebajar la acusación de rebelión por la de sedición, un cambio de criterio para el que hubo que recurrir a la Abogacía del Estado, que sí recibe órdenes.

Otro ejemplo, la petición de libertad del exconseller de Interior, Joaquim Forn. El Gobierno quiso que los fiscales pidieran la salida de cárcel de Forn en pleno período de instrucción de la causa. Uno de los representantes de la Fiscalía en este procedimiento, Fidel Cadena, acudió a la vistilla convocada sobre este asunto y solicitó la libertad provisional de Forn, pero dejando claro que lo hacía por orden de sus superiores. Es decir, del fiscal general, no del Gobierno. Y la Sala Penal del Supremo no accedió a la petición.

En manos de Puigdemont las manifestaciones de los líderes políticos, y más si son miembros del Gobierno, constituyen una munición impagable para sostener el argumento de que existe una persecución política

Ahora, el temor que se expresa desde la Fiscalía es que las manifestaciones que van surgiendo en la campaña –y no sólo la del presidente, Pedro Sánchez, sobre su voluntad de conseguir la entrega de Puigdemont por medio de la actuación de los fiscales- ponga en peligro las euroórdenes. Sobre todo, porque en manos de la defensa del expresident las manifestaciones de los líderes políticos, y más si son miembros del Gobierno, constituyen una munición impagable para sostener el argumento de que existe una persecución política contra los dirigentes independentistas. De hecho, esta tesis ya se está usando ante la justicia belga, que va a recibir en breve una copia de algunas fases del debate a cinco de la noche del lunes, en especial el momento en que el propio Sánchez también se refirió a su objetivo de conseguir la entrega de Puigdemont.

En todo caso, es cierto que la Fiscalía tiene un papel importante en la tramitación de las euroórdenes. Fueron los fiscales los que pidieron que se activaran contra los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, cuando el juez instructor del caso 1-O se había limitado a solicitar la de Puigdemont, inmediatamente después de conocerse la sentencia. Pero una cosa es que los fiscales actúen en la línea que en un momento determinado interesa al Gobierno, y otra que el Ejecutivo pueda dar órdenes a la Fiscalía. Siempre fue distinto soplar al oído que gritar en público. Y en el caso de la Fiscalía cuando se sopla lo que a veces se constata es que el receptor no está por prestar oídos.

ELS FISCALS, CONTRA SÁNCHEZ

Las tres asociaciones mayoritarias de fiscales han emitido sendos comunicados, muy duros, contra Pedro Sánchez por desconocer que la Fiscalía es independiente del Gobierno. “La Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad”, ha explicado la conservadora Asociación de Fiscales tras conocer las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato socialista en las que ha afirmado que la Fiscalía depende del Gobierno.

“La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable”. Recoge el comunicado de la Asociación de Fiscales.

Sánchez había realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Radio Nacional al ser preguntado cómo iba a cumplir su promesa de traer de vuelta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ponerlo a disposición de la justicia. “La Fiscalía depende del Gobierno, pues ya está…” ha contestado.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha recordado al secretario general del PSOE que el Ministerio Fiscal “es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al/a la fiscal general, que quede claro”.

¿La Fiscalía de quién depende?(…) pues ya está

El candidato ha recordado que la euroorden de detención dictada por el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha puesto en marcha a instancias de la Fiscalía, que solicitó esa activación. Aunque ahora se está a la espera de lo que dicte la justicia belga al respecto, Sánchez ha reivindicado que “lo estamos haciendo ya”, en referencia a la promesa. “¿La Fiscalía de quién depende?”, ha preguntado al entrevistador. “La Fiscalía depende del Gobierno, pues ya está”, se ha contestado.

Por su parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido que Sánchez se equivoca. “No puede dar ninguna orden al fiscal, conforme al artículo 8 del Estatuto de Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia”.

Este artículo señala que “el Gobierno podrá interesar del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. La comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del Ministerio de Justicia a través del fiscal general del Estado. Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al mismo. El fiscal general, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud”.

Fiscalía en contra de las órdenes del Gobierno

No es la primera vez que la Fiscalía sale en defensa de su independencia ante el intento de control por parte del Gobierno. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno intentó que el Ministerio Público modificara su acusación contra los líderes independentistas de rebelión a sedición. La fiscal general del Estado María José Segarra se mantuvo firme y evitó dar una orden a los fiscales encargados del asunto, quienes ya habían advertido que no cambiarían su criterio.

Lo que sí pudo hacer el Ejecutivo fue cambiar el criterio de la Abogacía del Estado, que sí acusó finalmente por sedición. En el asunto del procés, los distintos fiscales generales han sufrido las presiones del Gobierno.

Con José Manuel Maza –fallecido-, el Ejecutivo de Mariano Rajoy intentó convencerle para que no adoptara medidas duras contra los independentistas al entender que eso perjudicaría el escenario político. Los fiscales siempre han mantenido que cada uno tiene su papel. En el caso de Puigdemont, la Fiscalía ya solicitó al juez que reactivara la orden de detención contra Puigdemont.

Una vez que Llarena ya lo ha hecho, ahora su entrega está en manos de la justicia belga, país donde se encuentra el expresidente catalán, y no en la española.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (5-11-2019)